Amenazas y mentiras de Petro al querer liquidar EPS “quebradas”

2026-03-18 - 11:02

Cinco meses que le quedan al Gobierno del presidente Gustavo Petro parecerán una eternidad para el sistema de salud. El más reciente anuncio del mandatario en ese sentido pone en vilo el futuro de, al menos, 24 millones de usuarios. Según dijo, las entidades promotoras de salud (EPS) que estén quebradas las van a liquidar. En el Consejo de Ministros televisado de este lunes 16 de marzo, Petro les dijo a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Jaramillo, que todas las EPS “que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas: el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio”. A esto, el jefe de Estado agregó que “depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas” y que “sería un suicidio” para el país “sacar $50 billones de deuda del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS”. Sin embargo, liquidar aseguradoras toma meses y, según expertos consultados por este diario, suena más a la búsqueda de un efecto político en medio de la campaña electoral. Aún así, lo que genera en el sistema —así no pase más allá de un anuncio— enrarece aún más el ambiente de un sector marcado por las deudas, la indiferencia del Gobierno y la muerte de pacientes. Nada más este martes la Procuraduría estableció que el fallecimiento de Kevin Acosta (de 7 años) ocurrió por negligencia de la Nueva EPS al no garantizar la entrega oportuna del medicamento preventivo para su hemofilia severa. Según la investigación, la omisión médica se derivó de la falta de pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que dejó a la víctima sin atención asignada durante dos meses y que hoy mantiene en riesgo vital a otros 2000 pacientes en el país. Entre tanto, críticos de estas decisiones señalan que es un mensaje que pretende “estatizar la salud de manera ilegal” y “una amenaza a los pacientes y a la institucionalidad colombiana”, como lo advirtió el exministro del sector Alejandro Gaviria (2012–2018). En esta entrega, EL COLOMBIANO presenta qué es verdad y qué es mentira, y lo que debe saber como usuario del sistema a partir de este nuevo anuncio. Más allá del anuncio del presidente, una pregunta quedó en el aire: ¿a qué se refiere con una EPS quebrada? Para el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, la figura de “quebrada” no existe en las leyes y normas que regulan el sistema de salud. Lo más “cercano” a eso es cuando una aseguradora tiene patrimonio negativo o cumple indicadores financieros. “Así como lo dijo, serían las que él considere que están quebradas, entonces terminará siendo algo subjetivo del Ejecutivo. Y si son las que tienen patrimonio negativo, ahí entran casi todas”, aseguró Jiménez. En el mismo sentido, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que Petro no fue claro en indicar cuáles son: “Uno podría pensar que son las peores financieramente y las que están intervenidas, pero puede haber otras”. Sobre esto, Gaviria explicó que las EPS actualmente intervenidas “tienen patrimonio negativo casi todas, pero no sabemos si esa sería una definición o si son las intervenidas o las no intervenidas”. En un trino que el presidente publicó este martes, volvió a hablar de “EPS quebradas” y después dijo que “los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden”. Sobre estas últimas aseguró que “desarrollarán los sistemas preventivos territorializados, para que sean eficaces, la prevención la pagará el Gobierno, el sistema que ya desarrollamos y que ya cubre un 50 % de la población se trasladará a las EPS por territorios (sic)”. Con la respuesta de Petro salta otro interrogante a la vista: ¿a qué aseguradora serán trasladados los millones de afiliados de las que liquiden? Con la crisis financiera por cuenta de la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), las EPS presentan una siniestralidad de entre 110 y 115 por ciento. Es decir, que por cada $100 que les ingresa por UPC se gastan hasta $115. De manera que trasladarle población a “las que queden” solo aumentará la presión financiera sobre estas, si no se ajusta esa prima. Lea también: Procuraduría confirmó que negligencia de la Nueva EPS causó la muerte de Kevin Acosta La posibilidad que expuso el jefe de Estado le agrega más picante de incertidumbre y tensión a un sector golpeado por la crisis financiera y el debilitamiento de la confianza entre actores. Y se lo suma porque es un escenario que puede darse legalmente y en el que el Gobierno, por medio de la Superintendecia de Salud, tiene la sartén por el mango. En diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta de Acemi (el gremio de EPS del régimen contributivo), Ana María Vesga, explicó que cuando a una EPS la intervienen para administrarla, el tiempo de esa medida se extiende “hasta que las condiciones de habilitación se corrijan”, es decir, los indicadores financieros y de salud. “Se supone que tiene que haber una mejoría en esos indicadores y que eso debe derivar en que la saquen de la intervención, pero si eso no sucede, tienen que liquidarlas”, añadió. En ese sentido, recordó que los resultados de las aseguradoras intervenidas suman patrimonio negativo de $14 billones, lo cual “no hay cómo corregirlo”, y que la única posibilidad de hacerlo es que alguien entre a invertir, “pero eso no va a pasar”. En un panorama en donde esas empresas están golpeadas en sus finanzas e imagen reputacional, ¿quién tomaría el riesgo de meterle plata? Así las cosas, las condiciones estarían dadas para liquidarlas, pues ese patrimonio negativo muestra que las intervenciones no han mejorado los indicadores y ese sería el paso siguiente. Pero aquí surgen más preguntas: ¿por qué no lo han hecho y por qué recién el presidente expone esa posibilidad? “Lo pueden hacer y, desde una mirada imparcial, lo deberían hacer, pero no tienen cómo ni tampoco EPS capaces de recibir a esa población. La situación es un monstruo que ellos crearon y ahora no saben qué hacer porque el deterioro financiero fue total”, expresó Vesga. Un botón de muestra es Sanitas EPS, que estuvo intervenida desde abril de 2024 hasta junio de 2025 e incrementó sus pérdidas en $1 billón. No es la primera vez que el presidente Petro amenaza con liquidar EPS. El 20 de enero de este año dijo —también en un Consejo de Ministros— que era “mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente”. Pero es engañosa la afirmación porque lo exime de responsabilidad sobre las EPS intervenidas. Un día antes, el Consejo de Estado emitió un concepto en el que determinó que las aseguradoras sí podrían usar la UPC (los recursos para la atención de sus afiliados) para atender obligaciones de años anteriores. Así, estableció que esa plata puede destinarse al pago de deudas antiguas, incluso si se reciben en una vigencia posterior, siempre que cumplan condiciones. Casi dos meses después, el gobernante vuelve a mencionar esa posibilidad, pero cambió “intervenidas” por “quebradas”. Actualmente, ocho EPS están bajo intervención para administrar, que reúnen a 22,8 millones de colombianos: el 43,5 % de la población. Sin embargo, así no pase solo del aviso, el presidente volvió a poner en incertidumbre a todo el sector. Sobre esto, el exministro Gaviria advirtió que, cuando hay “incertidumbre y falta de confianza, los hospitales y las clínicas temen que, si a las EPS las van a liquidar, no les paguen y no sigan los convenios, con lo cual empiecen a pedir anticipos y a incrementarse los problemas de atención. Cuando se genera incertidumbre, los problemas aumentan inmediatamente”. Y es que, independientemente del sector, ¿qué empresa va a hacer convenios o contratos con otra que esté a punto de desaparecer? A juicio del investigador Jiménez, esa situación empeora la crisis actual “porque las IPS y los gestores farmacéuticos van a tener temor de que, si liquidan, será incierto el pago de las deudas y podría significar que pierdan plata”. Así mismo, añadió que generará “más incertidumbre y más restricciones en los acuerdos de servicios de salud y entrega de medicamentos a los pacientes”. En diciembre de 2025, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) publicó su estudio de cartera hospitalaria, en el que incluyó la información de 227 IPS. Su análisis muestra que con corte a junio de 2025 hay una deuda total de $24 billones. Lea también: Defensoría dijo que no hay “excusas” que valgan por muerte de paciente de Nueva EPS Con la claridad de que el Gobierno sí puede liquidar a las intervenidas, salta a la vista otra pregunta: ¿los afiliados para dónde irían? Normalmente, cuando una EPS es liquidada sus usuarios son trasladados y reasignadas a las demás, teniendo en cuenta las zonas de operación y el nivel de competencia. Sin embargo, el economista de la salud, Rodríguez, califica que esa situación sería “inimaginable”, con el antecedente de Saludcoop. Esa EPS tenía 5,2 millones de usuarios, entró en liquidación y desapareció en 2016. Esa población fue reasignada a las aseguradoras Medimás y Cafesalud. Ambas también desaparecieron después de eso. Ese panorama, a juicio de Rodríguez, replicado en las situaciones y condiciones actuales “sería un desastre de proporciones bíblicas”. Esta semana se conoció la muerte de otro paciente. Se trata de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, joven de 20 años que padecía leucemia linfoblástica aguda, murió esperando a que Nueva EPS le entregara su medicamento. Desde octubre de 2025 llevaba esperando. El joven falleció el pasado 14 de marzo mientras esperaba la entrega de Blinatumomab, una inmunoterapia esencial dentro de su tratamiento contra el cáncer. Según denuncias públicas realizadas por el propio paciente, el medicamento lo necesitaba para un trasplante de médula ósea. Pinzón había recibido el diagnóstico de su enfermedad en febrero de 2025. Ocho meses después, sus médicos ordenaron el uso de este fármaco como parte fundamental de su esquema terapéutico, que era necesario para continuar con el manejo de la enfermedad. De acuerdo con su testimonio, que fue publicado en redes sociales por la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, pese a que el medicamento había sido prescrito desde entonces, nunca llegó a sus manos. El joven aseguró que incluso contaba con un fallo de tutela que obligaba a la Nueva EPS a suministrarlo, pero la orden judicial no se cumplió. Para liquidar una EPS se requiere, además de tiempo (meses), que la Superintendencia de Salud le haga una visita y justifique la decisión con un acto administrativo. “La carga de la prueba (para demostrar que procede la liquidación) recae sobre la Supersalud”, mencionó Alejandro Gaviria. Esto quiere decir que ese acto debe señalar en qué incumplió la EPS y luego surtir un debido proceso, que puede tardar varios meses, para determinar si cumple las motivaciones para la liquidación. “Ahí tendrían que decir si no se mejoró el deterioro de los indicadores financieros, como es el caso de Nueva EPS, Famisanar, Servicio Occidental de Salud (SOS), Coosalud, Emssanar, Savia Salud y Asmet Salud. Sin embargo, esto es un problema fáctico: ¿adónde van a ir los pacientes y cómo se rearmará la red de atención?”, agregó Gaviria. Al respecto, Giovanni Jiménez mencionó un factor que —a juzgar por lo que ha dicho— Petro está obviando o desconociendo: cuando se liquida una EPS hay que establecer su cartera (es decir, sus deudas) con prestadores, proveedores y gestores farmacéuticos y, cómo no, pagárselas. Los primeros en responder son los dueños mediante patrimonio y activos de la entidad. Y si los activos se agotan antes de terminar de pagar, las deudas restantes suelen quedar como “incobrables”. Cifras de la ACHC muestran que 44 EPS liquidadas han quedado debiendo, a corte de junio de 2025, $2,36 billones a 227 instituciones hospitalarias. Medidas y Coomeva son las que más deudas acumuladas tuvieron al momento de su desaparición, con $515.298 millones y $338.763 millones, respectivamente. Ambos expertos coinciden en el tufillo de campaña electoral de este anuncio. “Es una improvisación que tiene un intento por buscar culpables y construir un relato eficaz para decir que intentaron salvar el sistema, pero no los dejaron”, expresó el exministro. “Si toman ese camino, deberán estar pensando en que cualquier movimiento mal hecho afectaría la campaña de su candidato o si es solo el anuncio, son discursos para mostrarse fuerte contra las EPS, que es algo que le gusta al electorado petrista”.