Así estarían usando equipos de salud de Petro para la política: denuncian derroches

2026-03-02 - 15:14

La sombra del uso político de los recursos del sistema de salud se hace cada vez más nítida. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha metido al menos $8,2 billones a financiar equipos básico de salud (EBS). Estos son grupos integrados por profesionales y técnicos del sector que recorren zonas rurales y apartadas para llevar atención en salud a las comunidades y asegurar que la gente pueda acceder a servicios desde su casa. Los datos públicos del Ministerio de Salud señalan que desde agosto de 2022, han asignado $8,21 billones para las transferencias presupuestales a las entidades territoriales —a los hospitales públicos— para contratar EBS. De ese valor, según la información disponible, se han ejecutado $1,17 billones, lo que corresponde solo al 14,2 % del total; mientras que el valor pagado ha sido de $1,11 billones. Así mismo, el Gobierno ha destinado $16,7 billones para el apoyo a programas de desarrollo de la salud–Ley 100 de 1993. Estos son los recursos que se usan para pagar proyectos de promoción y prevención e infraestructura hospitalaria pública. Sin embargo, una investigación de La Silla Vacía advirtió que esas inversiones billonarias están siendo usadas con fines electorales en regiones donde el ministro Guillermo Jaramillo tiene una tradición política y presencia de aliados, como es el caso del municipio de Líbano (Tolima). En esa población, la figura del exministro Alfonso Jaramillo Salazar es exaltada con homenajes públicos, mientras su hijo, el actual ministro de Salud mantiene una fuerte influencia política. De hecho, dice el reportaje mencionado, el hospital regional que lleva el nombre del padre del funcionario fue intervenido por la superintendencia del ramo a mediados de 2023 y, desde entonces, ha recibido millonarios recursos para financiar los EBS. El Gobierno Petro ha transferido a hospitales públicos $8,2 billones para sostener estos equipos, aun cuando la atención preventiva hace parte de las obligaciones de las entidades promotoras de salud (EPS). Esta estrategia coincide con el eje central de la frustrada reforma a la salud del presidente Petro, que buscaba reducir el papel de gestión del riesgo financiero de las aseguradoras y fortalecer la red hospitalaria pública. Sin embargo, la ejecución de esos fondos carece de controles robustos que eviten prácticas clientelistas. De hecho, en noviembre de 2025 EL COLOMBIANO mostró que los beneficios y la ejecución de qué se ha hecho con esos recursos es desconocido para el país. En la página del Minsalud que muestra el componente financiero de las transferencias no hay información sobre los contratos y actos administrativos, los rendimientos financieros reintegrados, los soportes documentales de esos giros ni la retroalimentación y cierre. Tampoco hay datos de seguimiento y reintegros de la plata que esa cartera ha destinado a los EBS. En esos espacios lo que aparece son las leyendas “sin datos” y “no se puede acceder a los datos”. Todo esto quiere decir que no se sabe al detalle cuántos equipos hay en el país (aunque el presidente Petro ha mencionado que son 10.000), a quiénes se contrató ni qué hicieron esos grupos de profesionales, pues no hay informes de gestión. En el caso del Líbano, contó La Silla Vacía, la Fundación Alfonso Jaramillo Salazar actúa como intermediaria entre los recursos de los EBS y la dinámica electoral del llamado ‘jaramillismo’. La sede de la fundación, antigua casa del directorio liberal, exhibe imágenes de la familia Jaramillo junto con publicidad de aspirantes al Congreso. Uno de los candidatos vinculados a ese entorno es Marco Emilio Hincapié, aspirante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, quien además fue contratado como coordinador nacional de enlaces territoriales de los equipos básicos. El reportaje señala a al menos otros doce políticos locales que ocuparon cargos similares como enlaces entre el ministerio y autoridades regionales (varios sin trayectoria en el sector salud). Las funciones de estos enlaces han sido más políticas que técnicas. Algunos informes muestran tareas limitadas a asistir a reuniones informativas. Además, se documentan gestiones de lobby para favorecer municipios específicos en la asignación de dotaciones hospitalarias, lo que coincide con denuncias sobre un manejo discrecional de los recursos con fines electorales. En desarrollo...