Con plan de Minsalud, 45% de los municipios quedará bajo gestión de la Nueva EPS

2026-03-04 - 23:44

Los planes del Ministerio de Salud le cambiarán la vida a los habitantes de 504 municipios de Colombia. En esas poblaciones, la única entidad promotora de salud (EPS) que estará habilitada para funcionar será la Nueva EPS. Es decir que sus habitantes no tendrán más elección que irse a la aseguradora que desde abril de 2024 es manejada por el Gobierno y que tiene problemas por todos lados. Le puede interesar: Gobierno expidió decreto que obliga a transferir millones de usuarios a Nueva EPS, pese a crisis. Vale recordar que la semana pasada el ministerio expidió el Decreto 182 de 2026 con el que establece nuevas reglas para la operación de las EPS de manera territorializada y, por consiguiente, cambia la afiliación al sistema de salud dependiendo de la zona. El documento define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Esto limita cuántas EPS pueden operar en un territorio según su número de habitantes, por eso aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras más grandes, como Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS). En plata blanca eso implica que Nueva —la aseguradora más grande del país, con 11,5 millones de afiliados— reciba esa cantidad de población provenientes de otras. El Decreto 182 de 2026 —cuyo borrador fue publicado hace dos semanas— establece que en departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar las EPS con al menos el 5 % de los afiliados en esa zona; mientras que en otros con población entre 390.001 y 2 millones de habitantes, el mínimo será del 10 %. Y, finalmente, en departamentos entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación exigida será del 15 %. Si bien el Minsalud ha negado que sea un traslado masivo y explicó que esa norma establece mecanismos técnicos de asignación solo cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación, lo cierto es que un documento de esa entidad muestra que, en la práctica, para la gente que vive en el 45 % de los municipios del país, solo podrán estar en Nueva EPS. Un listado oficial de la cartera de salud con las EPS que quedan autorizadas para operar señala que, tras la aplicación de las reglas incorporadas habrá un reordenamiento profundo del aseguramiento en salud y establece en qué territorios permanecerán determinadas entidades y en cuáles deberán salir. Esto obligaría al traslado de millones de afiliados. Según la información oficial, cerca de 2,4 millones de personas serán trasladadas a Nueva EPS como consecuencia de esta reorganización. La medida implica movimientos masivos de usuarios en diferentes regiones y marca un nuevo mapa del aseguramiento, en el que varias EPS dejarían de operar en determinados municipios y otras concentran la gestión de la población. Uno de los departamentos más impactados es Antioquia. Allí, 80 municipios quedarán exclusivamente bajo la operación de las EPS intervenidas Savia Salud y Nueva EPS, lo que reduce significativamente la oferta de salud. Este escenario refleja la magnitud de los cambios y anticipa un proceso logístico y administrativo de gran escala para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. Cabe mencionar que en los mencionados 504 municipios en donde no habrá libertad de elección de EPS hay 1.830.813 usuarios, que están distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Bolívar, Tolima, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Caquetá, Magdalena, Guainía, Valle del Cauca, Córdoba, César, Atlántico, Vaupés, Guaviare, Arauca, Sucre, Vichada, Cauca, Risaralda, Putumayo, San Andrés y La Guajira. Lo anterior confirma un nivel de concentración sin precedentes recientes en el sistema y redefine el equilibrio competitivo en amplias zonas del país. Esto debido a que, a menos de que las personas se muden de donde viven, habrá póblciones donde algunas EPS tendrán que salir y los traslados serán innegables e inevitables. Ese listado del Ministerio de Salud confirma que las proyecciones sobre el número de trasladados que se harían eran reales, a pesar de que la entidad diga que se trata del cumplimiento del “mandato constitucional de garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho fundamental a la salud, el cual no puede verse interrumpido por razones administrativas o financieras y mucho menos por malos manejos del modelo de intermediación”.