Gobierno Petro entregó $31 billones en contratos a dedo con cabildos, resguardos y juntas comunales, ¿qué dicen los entes de control?

2026-03-26 - 13:01

El Gobierno gastó más de 31 billones de pesos en contratos directos con Asociaciones Público-Populares, una figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, según reveló el diario El Tiempo. Esta figura había sido tumbada por la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia en la contratación pública. Un derecho de petición de ese diario a Colombia Compra Eficiente mostró que durante este Gobierno se han firmado 80.734 contratos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos, asociaciones comunales y resguardos. En múltiples ocasiones, estas organizaciones representarían la base política y electoral del Pacto Histórico. Lea también: Decreto que quiere trasladar $24,7 billones a Colpensiones sería inviable, alerta la Contraloría La Corte Constitucional tumbó los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobados en 2023. Estos señalaban lo siguiente: “Las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. Estos contratos se denominarán Asociaciones Público-Populares y podrán celebrarse para la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, entre otros”. El alto tribunal consideró que el Gobierno se extralimitó por agregar un nuevo caso para contratar “a dedo” y sin especificar a quiénes aplicaba la regla. Es decir, la naturaleza de las Asociaciones mencionadas: “Se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”, argumentó la Corte. A pesar de esto, el gobierno Petro invirtió más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales, más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios, más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos, más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos, más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal y más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas. De los 55.434 contratos celebrados con asociaciones comunales, solo 7.309 (el 13,18%) por 4,7 billones aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, 165, por 137.000 millones. De los consejos comunitarios hay poco más de 1.000, por cerca de 300.000 millones, mientras que de las juntas de acción comunal hay 539 por 22.000 millones. Finalmente, de los cabildos indígenas, solo 48, por 17.000 millones y de los resguardos, 214, por 448.000 millones. La mayoría de los contratos aparece en estados como “modificado”, “celebrado” y “en ejecución”. Por ello, entidades como la Contraloría han alertado sobre el manejo que han dado estas organizaciones a estos recursos que son billonarios, pero que no se ven materializados en las obras públicas prometidas. Según un informe del ente de control, la política de Caminos para la Paz que utilizó este tipo de contratación, fracasó. Hasta 2025, de los 33.000 kilómetros de vías rurales o “caminos ancestrales” que prometió el gobierno Petro, apenas se habían construido 2.387 kilómetros: apenas el 7 % del objetivo. Los reparos ya se habían hecho públicos. Por ejemplo, en 2023, durante la discusión del PND, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Juan Martín Caicedo alertó que este tipo de contratación directa “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”. Para esta organización era incongruente que las asociaciones comunales ejecutaran labores especializadas para las que se requieren profesionales capacitados. Otra de las alarmas fue sobre la Ley 80 o estatuto de contratación pública para contratar de forma directa. De esa manera se abría la puerta a posibles hechos de corrupción. A su vez, la CCI advirtió las razones que luego llevarían a la Corte a declarar inconstitucionales los artículos: restricciones a la pluralidad de oferentes y la afectación a la libre competencia en los procesos de contratación. Según la organización, esto conduciría a la adjudicación de contratos sin estudios ni diseños suficientes, y con el riesgo de que los recursos no alcancen y las obras queden inconclusas o con bajos estándares de calidad. Lea también: Exclusivo | Detalles de las irregularidades en los contratos de Juliana Guerrero con la UIS El 13 de mayo de 2025, el procurador general Gregorio Eljach envió su concepto a la Corte y defendió esta forma de contratación al pedir que se declarara su exequibilidad. La entidad señaló que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. El Ministerio Público agregó que la contratación directa con Asociaciones Público-Populares, como estaba contemplada en los artículos del PND, estaba debidamente regulada: “Las disposiciones demandadas permiten la contratación directa en unos casos específicos y bajo unas reglas claras en las que se debe respetar la legislación contractual (Leyes 1150 de 2007 y 80 de 1993)”, se lee en ese concepto.