Histórico abrazo de perdón en la JEP: familiares de víctima de ‘falsos positivos’ abrazaron a compareciente en Medellín

2026-03-27 - 22:21

“De parte de mi abuela y de mi parte, como muestra de nuestro perdón sincero, queremos brindarle un abrazo”. Así se expresaron dos familiares de una de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, quienes recibieron manifestaciones de perdón por parte de los comparecientes involucrados en la audiencia de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de la JEP, realizada este pasado jueves en Medellín. Arrodillado y en medio de lágrimas, el compareciente Andrés Rosero recibió este abrazo por parte de Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín, madre e hija de John Darío Giraldo Quintero. La diligencia de consolidación de verdad y reparación permitió conocer los estremecedores detalles del crimen cometido por integrantes del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes). Durante la diligencia, se relató que la víctima fue señalada por una guía conocida como ‘La Pacho’. Según sus versiones, John Darío intentó huir, pero fue perseguido, herido de bala en la cabeza y obligado a caminar durante horas por la vereda El Jordán, en Cocorná (Antioquia). Posteriormente, fue asesinado y reportado como un supuesto guerrillero muerto en combate. En su intervención, Yésica recordó que ella tenía cuatro años y su hermana dos cuando ocurrieron los hechos, y afirmó que les arrebataron la posibilidad de crecer junto a su padre. No obstante, reconoció el valor de los comparecientes por asumir su responsabilidad, contribuir a limpiar el nombre de John Darío y relatar lo sucedido. Abuela y nieta solicitaron un espacio en la audiencia para otorgar su perdón al compareciente Andrés Mauricio Rosero Bravo, teniente (r) señalado de haber ordenado el asesinato de John Darío, junto con otras dos víctimas: Pedro Antonio Marulanda y Cristian de Jesús Aizález, el 6 de septiembre de 2003. Allí es cuando cobra sentido el refrán popular de “una imagen vale más que mil palabras”. Los tres, fundidos en un abrazo, que representa más que un acto punitivo un sentimiento de profunda reparación, le dijeron que lo perdonaban. Y, en medio del emotivo momento, aseguraron que “este es un momento que necesitábamos para poder sanar”. La verdad era todo lo que pedían. Hoy, por fin, tienen una respuesta tras décadas sin saber realmente qué había pasado con su familiar. Este no fue el único caso del que se habló en la audiencia. En el proceso participaron otros exintegrantes de las Fuerzas Militares vinculados a nueve hechos ocurridos entre 2002 y 2004 en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada (Antioquia), que dejaron un saldo de 19 víctimas. Para ese entonces, los comparecientes hacían parte del Batallón de Artillería No. 4. Coronel Jorge Eduardo Sánchez. Hace unos días se dio a conocer, luego de una investigación revelada por la Revista Semana, que militares que han reconocido su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estarían siendo objeto de presiones, amenazas y ofrecimientos económicos para modificar sus versiones y evitar que altos mandos sean vinculados a estos crímenes. Los testimonios, audios y conversaciones conocidos por ese medio apuntan a la existencia de una supuesta “operación mordaza”, que buscaría frenar la revelación de responsabilidades en ejecuciones extrajudiciales, en las que civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate durante el conflicto armado. Uno de los casos expuestos es el de un exsoldado que declaró haber participado en al menos 20 homicidios en la región Caribe. Según su relato, actuó bajo órdenes de superiores que exigían resultados operacionales medidos en número de bajas. Tras comparecer ante la JEP, asegura haber recibido una oferta cercana a los 20 millones de pesos para guardar silencio y asumir la responsabilidad individual de los hechos, sin involucrar a sus comandantes. En contexto: Denuncian presuntas presiones a militares para ocultar verdad de falsos positivos en la JEP